JUSTICIA PENAL MILITAR MILITAR PERUANA HACIA LA EXTINCION

LA AGONIA DE LA JUSTICIA MILITAR POLICIAL.

Un fallo por demás irrito, injusto y desfasado de la realidad ha condenado al general de la Policía Alberto Jordán Brignole, quien participó en el denominado ‘Moqueguazo’ y se ofreció como rehén para proteger la vida de sus subalternos, fue condenado a 18 meses de prisión condicional debido a que, según la sentencia, no cumplió con la orden de despejar el puente Montalvo, en Moquegua, el 16 de junio de 2008.

Aquella fecha, miles de moqueguanos se encontraban bloqueando el referido puente en protestas a las medidas que interpretaban como lesivas a sus intereses, referidas a un recorte de canon minero de la región.

Además, el tribunal castrense le fijó el pago de seis mil soles de reparación. Junto a él también fueron sentenciados otros cinco oficiales que habrían incumplido diversas órdenes, o no habrían advertido del riesgo en dicha protesta social. Cinco de los oficiales fueron absueltos.

Esta sentencia por demás absurda e ilegal, no ha considerado para nada el fin fundamental de la Constitución, que está sobre todas las leyes y códigos, cual es su FIN SUPREMO LA DE PROTEGER LA VIDA HUMANA, Y LO ESTABLECE EN EL Art. 2. Es verdad que uno de los fines de la ley militar es la de preservar la disciplina en los Institutos Armados, pero el fin fundamental de la misma es la de humanizar los excesos de la guerra, por que el abuso de autoridad esta sobredimensionado sobre el desobediencia y otros. Cuando el ser humano se encuentra en acción de guerra y armado, es susceptible de cometer  los peores excesos y en para esto, frenar estas reacciones propias del animal, es que se creó la Justicia Militar. No le falta razón al Tribunal Constitucional de haber determinado la INAPLICABILIDAD DE LA JUSTICIA MILITAR POLICIAL

El concepto “Guerra” en sí, está cambiando radicalmente. La humanidad está muy lejos de la guerras tribales por la prevalencia del más fuerte,  las guerras de la conquista y el coloniaje, la guerra de los reyes y de los encajes, las guerras territoriales, la de las recriminaciones raciales, por las religiones, discriminación por las nacionalidades, por venganza, contra la explotación inmisericorde de los poderosos. Estamos entrando en una era de la GLOBALIZACION y de la especie única. Ahora la guerra es por la supervivencia de la humanidad, contra el hambre, contra la destrucción del medio ambiente. Y con el devenir  las fuerzas armadas y policiales, tendrán que adecuar su función a su lucha contra estos flagelos que amenazan la especie.

La justicia penal militar y los fueros que la aplican, son consecuencia de la “ley marcial”, aplicada en períodos de guerra a los soldados que cometían graves infracciones, como el desertar, medrar con las vituallas, demostrar poco valor para el combate, y en fin, todas las conductas contrarias al necesario espíritu de cuerpo en batalla. La eficacia de esta “ley marcial”, impuso que se fuese extendiendo a las épocas de paz, como efecto “ejempla rizador” para los militares que ofendían las normas y procedimientos que regían y rigen las Fuerzas Armadas. Entendiendo que los cuerpos de policía, en muchos países, como en el Perú, devinieron de las Fuerzas Armadas (batallones de gendarmes), resultó casi natural que se les entendiera como parte de las Fuerzas Armadas, más aún, si en las épocas republicanas en que surgen, los regímenes políticos predominantes eran los que emanaban de las cúpulas militares, o de políticos civiles que se apoyaban en el poder militar. En nuestro medio, a pesar de la sucesión democrática en el poder, seguimos entendiendo a la policía como parte de las fuerzas armadas, provocando con ello su distanciamiento de la ciudadanía y los graves problemas que de ello se derivan. La policía es parte de la urdimbre social.

En el caso de la incorporación de la policía a los alcances de la justicia penal militar (art 173 de la CPP), se ha hecho en la misma lógica de seguir entendiendo a la policía como una fuerza militar, sin entender que las funciones que cumple  lo es con civiles, en los que el policía TIENE QUE PROCEDER CON GRAN DISCRECIONABILIDAD Y CRETERIO DE CONCIENCIA CUMPIENDO SU FUNCIÓN PRIMORDIAL CUAL ES LA DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO.

La preferencia del mal menor al mal mayor, que es toda una doctrina en el derecho universal, no ha sido para nada tomada en cuenta por el Juez de marras, que al parecer, sólo ha obedecido órdenes. No ha habido discernimiento legal, ni base doctrinaria ni legal ni criterio de conciencia;  más aún cuando rebasa sus funciones sentenciando a un General EN RETIRO, QUE YA RECUPERADO TODOS SUS DERECHOS CIVILES Y SE ENCUENTRA FUERA DEL AMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS DEL CODIGO CASTRENCE.

En la ley penal militar, se criminalizan actos que en forma alguna debieran reputarse como actos criminales, y se hace con ese prurito ejempla rizador surgido de la antes citada “ley marcial”.

Tenemos la impresión, que la férrea posición de las Fuerzas Armadas por mantener incorporados a los policías en los alcances de la justicia penal militar, tendría que ver con la existencia misma de este fuero privativo, pues la mayoría de los procesos que adelanta, son a miembros de la Policía Nacional, y no porque estos sean de mayor perversidad que los militares, se explica porque están incorporados en un fuero que no les corresponde y sujetos de aplicación de un código que resultaría propio de los militares.

En el caso del general Jordán, la supuesta desobediencia al no liberar el puente tomado por los moqueguanos, ha sido juzgada por jueces militares, que tienen interiorizados otros parámetros para entender la desobediencia o cualesquier otra actitud militar, que difiere del razonamiento de un policía frente a un evento que pudiese acarrear graves costos sociales y constituye otro de los grandes problemas de esta justicia privativa, al haberse unificado y desaparecido los juzgados de policía, los casos que comprenden a miembros de la policía nacional, en gran parte son juzgados por jueces militares.Queremos finalmente concluir, que la Policía es una institución de naturaleza civil, que cumple funciones al servicio de la sociedad, los ciudadanos y el Estado, no tiene ninguna vinculación con la “ley marcial”, las conductas que criminaliza el Código de Justicia Militar no pueden todas reputarse como actos criminales y que resulta un verdadero contrasentido aplicar a un funcionario o agente de policía, los alcances de una ley típicamente militar, por tanto debe evaluarse la enmienda constitucional que excluya a los policías de los alcances del código de justicia militar y del fuero que administra esta justicia privativa Ò POR LO MENOS LA ADECUE A SUS FUNCIONES PRIMORDIALES.

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