A ESPALDAS DE LA LEY O DEBILIDAD DEL ESTADO.

A ESPALDAS DE LA LEY? DEBILIDAD DEL ESTADO?
Cuando la justicia hace agua en un País y la corrupción se encuentra solapada hasta en lo más profundo de la estructuras organizativas del Estado, hacen su aparición grupos armados a espaldas de la ley, que con la violencia y asesinato de supuestos narcos, terroristas, enemigos del Estado, dentro de ellos periodistas críticos que con suma valentía, tratan de denunciar ante la colectividad, estas aberraciones. Y es así como en México ha surgido un grupo paramilitar, que se hace llamar “Los mata zetas”
Los 35 cadáveres amontonados en la zona turística de Boca del Río, Veracruz, y otros 14 diseminados por la zona, apuntan a la autoría de un grupo de corte paramilitar, es decir, no un grupo criminal antagónico en sí mismo, sino una fuerza, si no auspiciada, al menos tolerada por la autoridad del estado que encabeza el priista Javier Duarte, un aprendiz de dictadorzuelo. Las declaraciones de éste, en el sentido de justificar la masacre porque eran delincuentes y que con ello se acabaron las extorsiones –“eso nadie lo dice”–, coinciden con la difusión de un video el 24 de septiembre, cuatro días después de la aparición de los 49 cadáveres, en el que un grupo de cinco encapuchados se presenta como un escuadrón de la muerte denominado “Los Matazetas”.
En el video, uno de ellos, el más robusto, lee un comunicado dirigido a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a la sociedad en general, para anunciar el combate al cártel de Los Zetas, la banda más sanguinaria que opera en México. “Somos guerreros sin rostro, pero orgullosamente mexicanos”, advierte el que parecer ser el jefe mientras los otros cuatro encapuchados, inmóviles, miran a la cámara, que registra el ofrecimiento de disculpas por la violencia que generan y, con cierta ambigüedad, se atribuyen la matanza del 20 de septiembre………Y piden: “Que la sociedad en general esté segura y confíe en los matazetas no extorsionamos, no secuestramos, y nunca afectaremos el patrimonio personal ni de la nación. Respetamos a los poderes Ejecutivos federales, estatales y municipales. Nuestra lucha es en contra de Los Zetas. Si con nuestros actos realizados ofendimos a la sociedad, al pueblo de México y a las corporaciones federales les pedimos disculpas en nombre de todo el grupo que conformamos. La intención era darle a saber al pueblo veracruzano que este flagelo de la sociedad no son invencibles (sic), y que ya no se dejen extorsionar. Cada quien sus luchas y sus miedos, nosotros un solo corazón”. En el video, los encapuchados se muestran respetuosos también del Ejército y la Marina, y aunque evaden revelar qué clase de agrupación integran, aducen que, “como principio ético, nosotros tenemos prohibido la extorsión, el secuestro, el robo, las vejaciones, y todo aquello que de una u otra forma afecte el patrimonio nacional, familiar, anímico y/o moral”.
Su nebulosa presentación en el video, difundido en el también fantasmal “blog del narco”, sólo deja clara una cosa: Es un escuadrón de la muerte para exterminar a Los Zetas y ante ello es preciso que las autoridades de todos los niveles deben deslindarse, salvo que cuenten con su anuencia.
Ya hubo, el año pasado, un antecedente en Nuevo León, donde el alcalde de San Pedro, el panista Mauricio Fernández, creó un grupo paramilitar para “limpiar” el municipio, cuyos integrantes formaban parte del cártel de los Beltrán Leyva y, aunque tardíamente y sólo por la presión social, el gobierno de Felipe Calderón intervino para su desarticulación. Puede que este grupo paramilitar, que se atribuye en sus acciones violentas una cuestión de honor, habrá que esperar los resultados, pero, lo cierto del caso es que su accionar se revela contra la ineficacia del Estado y de sus órganos constitutivos. Principalmente del sistema judicial. Tenemos el caso de la experiencia de Colombia, es preciso recordar que las bandas paramilitares en ese país, auspiciadas por empresarios, ganaderos, terratenientes y políticos al más alto nivel, asesinaron a más de 156 mil personas, entre ellos 2 mil 650 niños. Esta barbarie, documentada por la Fiscalía General de Colombia –que allá sí es autónoma, como el Poder Judicial–, comenzó con la conformación de grupos armados irregulares para enfrentar la guerrilla y el narcotráfico, pero se convirtieron en un monstruo sin control.
Los “paras” no sólo no combatieron a los narcotraficantes, sino que se asimilaron y aun tomaron el control del trasiego de drogas, mientras que asesinaban con toda impunidad a pueblos enteros que creían eran sostén de la guerrilla, a sindicalistas, maestros y periodistas. Estos escuadrones de la muerte de extrema derecha, a cuyas miles de víctimas destrozaban, cremaban o sepultaban en fosas clandestinas, llegaron a superar los 31 mil integrantes, que contaban con la protección al más alto nivel político y militar, como el del ex presidente Álvaro Uribe y más de 70 congresistas y gobernadores afines a él.
Según la Fiscalía General de Colombia, que recibió el testimonio de unos 4 mil paramilitares arrepentidos, están identificados como cómplices o coautores de los delitos cometidos unos 95 oficiales y 28 suboficiales del Ejército Nacional, así como 46 oficiales y 47 suboficiales de la Policía.
La enseñanza de Colombia a México es clara: La conformación de escuadrones de la muerte para combatir a grupos criminales, con el auspicio y al menos el disimulo de la autoridad constitucional, sólo conduce a una barbarie que no tiene fin…
Puede que esto sea parte de la solución, pero la experiencia mundial nos revela que: la violencia genera violencia y que todo golpe ocasiona una reacción igual y contraria, dentro de las leyes de la física, trasladadas al ámbito social, y es así como: una nebulosa presentación en el video, difundido en el también fantasmal “blog del narco”, de México, sólo deja clara una cosa: Es un escuadrón de la muerte para exterminar a Los Zetas y ante ello es preciso que las autoridades de todos los niveles deben deslindarse, salvo que cuenten con su anuencia.
En tal virtud, gran parte del problema es generada por el narcotráfico y la secuela que origina “la corrupción”, inédita en estos tiempos, hace 201 años, México requiere del concurso de todos para romper las cadenas. Pero ya no por la vía de las armas, como decidió el presidente, sino mediante un pacto nacional, como exige la sociedad civil. “Un esfuerzo común que incluya a todos los partidos políticos”, como precisa la diáspora suiza. “En Colombia la situación comenzó a cambiar cuando los partidos dijeron m se acabó’, y comenzaron a trabajar juntos”, subraya Karl Frei, en entrevista con swissinfo.ch. “Unidos deben trabajar también en México”, agrega el representante de los suizos con residencia en el país norteamericano. En este contexto, durante los últimos quince años cientos de mujeres y niñas han sido sistemáticamente secuestradas, violadas, horriblemente torturadas, mutiladas y asesinadas en la fronteriza Ciudad Juárez, lugar de paso de la droga hacia EEUU y de las armas y narco dólares que a cambio se envían desde ese país a México. Al mismo tiempo el Estado mexicano ha mantenido una actitud de permanente inhibición y se ha abstenido de promover investigaciones eficaces, enjuiciar a los culpables y procurar la reparación de las víctimas y sus familias. Ello ha generado un clima de impunidad que no hace sino multiplicar la violencia contra las mujeres. Parece que la luz no se avizorara al final del túnel, pues Se calcula además que los estadounidenses gastan hasta 60 mil millones de dólares al año en drogas ilegales y más de la mitad de ese dinero llega al bolsillo de narcotraficantes mexicanos. Si no se entiende que este es un problema conjunto, la solución puede tardar más en llegar.
Grupos ilegales en el Perú, también los ha habido, como el grupo Colina, a cuyo grupo se le atribuye La Masacre de La Cantuta, en la que un profesor universitario y nueve estudiantes de la limeña Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (conocida como La Cantuta debido al nombre de la zona donde se encuentra) fueron secuestrados y desaparecidos por una escuadra paramilitar, pertenecientes al Ejército Peruano. Tuvo lugar en el Perú el 18 de julio de 1992 durante la presidencia de Alberto Fujimori. El incidente es notable no sólo por las violaciones a los derechos humanos que implicó, sino por la subsecuente impunidad que disfrutaron sus perpetradores. Fue uno de los crímenes que el gobierno peruano estableció en su pedido de extradición de Fujimori frente el gobierno de Japón el 2003 y es uno de los que también En pleno Siglo XXI, EEUU es incapaz de controlar, disminuir, menos aún erradicar el consumo de drogas ilegales en su población. En papel, dictan leyes draconianas (como la ley Rockefeller) para arrestar en masa a drogadictos de las minorías que recién empiezan, pero lo único que logran es que estos sigan drogándose con más intensidad (junto a sus carcelarios) en las prisiones. Esto se agravo cuando muchas de las prisiones se privatizaron y empezaron a funcionar como industrias. No hay tratamiento alguno. Por otro lado, el imperio ordena a sus gobiernos sumisos de los países andinos, como lo fue Fujimori, Pacharacutec Toledo y García Pérez en Perú, o Uribe en Colombia, para que erradiquen a cualquier costo social las plantaciones de coca. No les importa las plantaciones alternativas, han llegando incluso a fumigarlos con herbicidas toxicas desde helicópteros buscando el despoblamiento, que en el fondo es política contra subversiva. Con este fin, bajo el pretexto de “erradicación” de la coca, Fujimori firmo un tratado antidrogas con EEUU que le permitió instalar la base militar de Santa Lucia (Huallaga) que se dedica más a combatir la guerrilla maoísta que a los narcotraficantes. Y recientemente a finales del 2006, con ocasión de la visita a Perú del Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, García Pérez se comprometió a la instalación de otra base militar de EEUU en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene-VRAE.
EEUU representa el mercado más grande de drogas ilegales en el mundo, cubriendo el 80% de la demanda total. Se estima que el 90% de las drogas ilegales, especialmente la cocaína, entra a EEUU vía Méjico, mientras que el 90% de las armas capturadas a los narcotraficantes tienen su origen en EEUU (Buró del Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de EEUU, citado en el New York Times 3/25/2009). En la última década, los carteles mejicanos de la cocaína han extendido su influencia a las ciudades principales de EEUU y Canadá. A finales del 2008, el Departamento de Justicia de EEUU (el FBI) reporto que existen 230 ciudades donde los carteles mejicanos y afiliados tienen centros de distribución de drogas, el 2006 solo eran 100 ciudades (New York Times, 3/23/09).
Los carteles mejicanos han establecido una alianza con los carteles colombianos para transportar la cocaína que viene del Perú y Colombia vía Méjico a EEUU (Randal C. Archibold, NYT 3/23/09). Las mafias mejicanas no solo ajustan sus cuentas a balazos en las calles de Lima sino corrompen a militares y funcionarios apristas del pasado gobierno, en especial a los que trabajan en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, a los concesionistas del aeropuerto y a las mismas aerolíneas comerciales. Hace pocos meses la prensa reporto que la aerolínea LAN-Chile transporta cocaína a EEUU. En Méjico, solo en un año cerca de 7 mil personas fueron muertas en batallas relacionadas con la distribución y mercadeo de drogas en casi todas las ciudades. El 2008 el zar antidrogas y el Director de la Interpol fueron arrestados por recibir cupos de las firmas del narcotráfico, incluso tenían miembros del cartel trabajando en la Embajada de EEUU en la ciudad de Méjico (NYT p. A12, 30/3/2009).
Las similitudes de los carteles mejicanos operando en su país y en Perú son espectaculares. Ambos países Méjico y Perú (lo mismo ocurre con Colombia), fueron convertidos por los carteles de la droga en narco estados. En Méjico como en Perú la policía y las FFAA, por los míseros sueldos que reciben, es fácil que se corrompan; en consecuencia, tratamos de dar solución, a este terrible problema del narcotráfico tratando de dar solución y combatir, los efectos, antes que enfrentar con sinceridad política, los efectos. Y la justificación del actuar de estos grupos armados paramilitares, es la de combatir y aniquilar el narcotráfico y las guerrillas que apoyan este flagelo, que dejando de lado sus ideales son captados y seducidos por el oro narco, cuyo poder económico y político es incontrolable.
Analizando a fondo la situación de los grupos armados, que actúan al margen de la ley, surge la interrogante de si la CIA, e los EE.UU, La KGB, en Rusia, LA SURITE en Francia, el M16 del Reino Unido, ley otros servicios de Inteligencia de los países capitalistas del Globo, con enorme poder, con licencia para matar no han sido creados especialmente para aniquilar cualquier movimiento político de protesta surgido contra los fines de su gobierno. Estos servicios no operan fuera del alcance de la ley? También deben actuar en contra del flagelo de la droga.
Casi la totalidad de estos grupos paramilitares, se han corrompido, algunos se han puesto al servicio del narcotráfico, no han podido soportar la tentación de la riqueza y poder que les ofrecen los narcos. Podría ser en parte la solución a este tremendo problema de carácter mundial, pero hasta la fecha, no se avizora la luz al final del túnel. Gran parte de nuestra juventud mundial y hasta niños, se sumergen en este lago de dolor ye inmundicia. QUE EL TODOPODEROSO TENGA MISIRICORDIA DE SU GREY.

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